Resumen: PRIMERO.- la parte recurrente se muestra disconforme con la medida cautelar adoptada respecto al menor Pio pues considera que no hay argumento jurídicos suficientes para decretar una medida cautelar al amparo del art. 28 LORPM. Considera que los hechos no son de suficiente gravedad y que la intervención del menor fue mínima (colocarse delante de la denunciante). La confirmación de esta falta de gravedad está en que no se ha acordado medida cautelar alguna hasta este momento, tras varios meses desde los hechos. Considera que se adopta esta medida porque el menor está siendo investigado en otro expediente, este sí por hechos graves, en el que expira la prórroga de la medida cautelar allí adoptada. Entiende que la medida debe considerarse en relación al expediente en el que se adopta y no valorar la otra circunstancia expuesta, y utilizar esta medida cautelar para subsanar un problema que se plantea en otro expediente. Finalmente alega que el menor tiene problemas médicos relevantes desde que pasó el Covid y que en el centro DIRECCION000 no puede ser atendido debidamente.
Resumen: Estimando en parte el recurso de la demandante, la Sala revoca la sentencia desestimatoria del Juzgado y considera que la actuación preventiva insuficiente de la empresa observada con respecto de la demandante, limpiadora en una comisaría de policía, atacó su derecho fundamental a la salud e integridad física, estimando en parte la demanda que, por la modalidad procesal especial de tutela de los derechos fundamentales y fijando una indemnización por vulneración de tales derechos fundamentales por importe de 2.451 euros. La Sala considera que la pasiva actitud preventiva de la demandada fue suplida por el Gobierno Vasco los primeros meses de la pandemia, entregando el material preventivo de rigor el Departamento de Sanidad, pero luego de pasado ya el periodo de escasez para localizar mascarillas y otros medios preventivos, hasta entrado el año 2021 la empresa solo ha proporcionado a la demandante tres paquetes de mascarillas y guantes y equipo de protección individual, pero no el equipo preventivo adecuado para usar una máquina de ozono que debía usar para limpiar el interior de coches policiales. También limpiaba las dependencias de la comisaría, incluidos los calabozos. Esa pasiva actitud motivó dos denuncias e informe con requerimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. La indemnización se fija considerando las circunstancias del caso y valorando que solo se reclama por daño moral, acudiendo al criterio de aplicar de forma analógica el importe de la LISOS.
